Espacio Urbano y Propiedad Privada

Espacio Urbano y Propiedad Privada en México
1824 – 2000
Dr. Arq. Daniel Rolando Martí Capitanachi

PRESENTADOR DEL LIBRO: DR. ARQ. SERGIO AMANTE HADDAD
Auditorio de la Facultad de Arquitectura (Xalapa), U.V. Miércoles 27 de Mayo 2009, 19:00 Hrs.


Según un reporte reciente de la Organización de Naciones Unidas, en el año 2005 la población mundial alcanzó 6,500 millones de habitantes, y se prevé que para el 2050 serán 9,200 millones los que habitaremos este planeta. Este incremento de 2,700 millones de personas sobre la tierra equivale al total de la población mundial en 1950, y se distribuirá en las regiones menos desarrolladas: Asia, África y América Latina.

La ONU informa también que la transición del siglo XX al XXI se ha caracterizado por la aceleración de la revolución informacional, por los procesos de globalización de la economía, por un creciente impacto negativo de la especie humana sobre la ecología planetaria, por una polarización social con niveles inéditos de pobreza extrema y marginación, y por una tendencia mundial hacia la urbanización creciente del planeta. En el año 1900 la población urbana era el 13% de la población mundial; en 1950 esta proporción aumentó al 29%; y en 2005, el 49% de la población global (3,200 millones) habitaba ya en las ciudades del mundo. Hoy día, en muchas regiones del planeta, incluyendo Europa, América Latina y el Caribe, Norteamérica y Oceanía, la población urbana excede ya el 70%.

Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, la población mexicana fue de 103.3 millones de personas, cifra cuatro veces mayor que la población registrada en 1950 y que duplica la que existía en 1970. El 76.5 % de la población nacional es ahora urbana y, según datos del INEGI, de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Población, un poco más de la mitad de la población del país se concentra en las 55 zonas metropolitanas de México. La paradoja que hoy confrontamos consiste en que, conforme el país se urbaniza a un ritmo alarmante con consecuencias de desequilibrios en los ámbitos urbano y rural, más evidencias se difunden sobre nuestra incapacidad de aprender las mejores prácticas de vida en colectividad. Nos hemos vuelto en exceso dependientes del abasto alimenticio exterior, con dificultad afrontamos los desafíos de las emergencias urbanas, vertimos cantidades exorbitantes de contaminantes a la atmósfera, devastamos las fuentes de abastecimiento del agua, nuestro consumo y dispendio energético es enorme, la criminalidad y la impunidad aumentan al ritmo del escepticismo social sobre sus autoridades e instituciones, y el discurso de la “ingobernabilidad urbana” se hace presente en incontables investigaciones y foros internacionales y locales.

Estos comentarios introductorios sirven bien para acentuar la pertinencia social del libro intitulado “Espacio urbano y propiedad privada en México 1824-2000” escrito por el Dr. Daniel Rolando Martí Capitanachi y el cual me honro en presentar a ustedes el día de hoy. Frente a la magnitud, complejidad, y diversidad del reto que corresponde a la planificación del destino de la vida urbana en México, y del desarrollo sustentable de la ciudad, este libro constituye una esperanza y una guía para concebir y configurar el espacio urbano desde una perspectiva de proyecto social con garantías colectivas fundamentadas en un estado de derecho.

El propósito de esta investigación, dice el Dr. Martí, consiste en demostrar la posible incidencia del Derecho Constitucional en la formación y organización del espacio urbano, dada en razón de la institución jurídica de propiedad privada. Al hacerlo, el autor recurre a sus conocimientos de arquitectura, urbanismo y derecho como intérprete de la influencia que ejerce la metarred parcelaria en la estructura espacial urbana haciendo énfasis en los límites legales de uso y usufructo del suelo, en tanto propiedad privada, así como en las prohibiciones y condicionamientos en el ejercicio pleno de los derechos de particulares cuando cobran preeminencia los derechos colectivos en la organización y ordenamiento territorial.

El autor propone que, a través de la institución jurídica de la propiedad ha de buscarse la posible relación entre el orden constitucional y la ciudad, la cual se habrá de manifestar de diversos modos: 1) el modo de organización del espacio urbano derivado del ejercicio absoluto o limitado del derecho atribuible al propietario inmobiliario urbano (parcelamiento); 2) los ejes de poder en torno a los cuales dicha organización espacial se efectúa (zonificación por usos del suelo), y 3) el balance o proporción de los espacios urbanos públicos y privados. La investigación en cuestión aborda esta relación entre marco de referencia espacial y el marco legal a partir de postulados teóricos articulados en torno a cuatro interrogantes centrales: a) ¿Existe alguna relación entre el derecho, como sistema de convivencia, y la ciudad? b) ¿En qué ámbito opera la posible relación entre Derecho y ciudad? c) ¿De qué modo opera esta relación, en caso de que el ámbito fuera el mencionado? y d) Conocidos el ámbito y modo de operación de a relación Derecho-Ciudad, ¿cuál podría ser el concepto operador? En la construcción de hipótesis de investigación que buscan dar respuesta a las interrogantes planteadas, el Dr. Marti advierte que tanto el fenómeno espacial urbano así como nuestro marco jurídico de referencia son entidades dinámicas y evolutivas como cambiantes son también las estructuras sociales que los configuran.

Tenemos entonces que la relación ciudad-Derecho se da de modo dialéctico, pues las determinaciones entre una y otro se alternan. En efecto, la norma jurídica expresa un modelo de orden que la ciudad reproduce, pero de ella también emanan instrucciones que obligan ajustes en la legislación, porque entre ambas está el actor que es la razón de ser: el hombre en libertad.

Esta investigación se nos presenta estructurada en cuatro capítulos y un anexo. El primer capítulo aborda el período virreinal, tratándose de lo jurídico, por haberse sentado en él la base que permitió la fundación de las ciudades mexicanas. El análisis de las instituciones relativas a la ciudad y derivadas del derecho romano, del derecho castellano y de las que fueron creadas en la Nueva España se nos presentan como el sustento del orden urbano aún a mediados del siglo XIX, fecha para la cual ya existía un primer documento constitucional en México. El segundo capítulo abarca la primera mitad del siglo XIX con atención a los pronunciamientos constitucionales que defienden las garantías del individuo en el contexto del liberalismo imperante. Se analiza el derecho de la propiedad absoluta del individuo que generó graves problemas al desarrollo de las ciudades y desató graves luchas internas entre el Estado, la milicia y el clero. Este período se nos presenta también como tiempo de reivindicaciones nacionales que buscan la modernidad mediante la transformación de la ciudad e imponen el neoclásico por encima del barroco, como síntoma de transformación. En el tercer capítulo se aborda el momento histórico de la Reforma cuando se escinden los intereses del Estado y los de la Iglesia, institución a la que se le prohíbe el ejercicio de la propiedad. Se abre por vez primera en México el mercado inmobiliario transformándose así el patrón de ocupación del suelo interno de las ciudades y su hinterland. También en este capítulo se analiza el Porfiriato como era en que se consolidan nuestras ciudades con influencia europea y se construyen grandes obras públicas emblemáticas de la moderna revolución industrial y que contribuyen al surgimiento de la ciudad polinuclear mexicana. En el cuarto y último capítulo se realiza un detallado análisis del artículo constitucional vigente relativo a la propiedad privada y su función social. Lo anterior se realiza en el contexto la contemporaneidad y de la planeación tutelada por el Estado mexicano y las limitaciones que él mismo introduce al ejercicio de los derechos del individuo en razón del beneficio de la colectividad. Se introduce el concepto de derecho a la ciudad a propósito de la propuesta de incorporarlo en textos constitucionales para hacer una correlación de derechos y deberes entre gobierno y gobernados, en beneficio de la colectividad como actora distinta al individuo y a cualquier estamento social.

En las conclusiones generales de esta importante investigación, el Dr. Martí reconoce que hoy día, a diferencia de otros tiempos, no existen modelos urbanos dominantes, como tampoco existe una visión consensuada del futuro de la ciudad mexicana. Acepta la coexistencia de tejidos urbanos en los que conviven espacios integrados y fragmentados y revela la contradicción de los empeños públicos y privados por planificar la ciudad desde ópticas sectoriales, siendo que la ciudad no es continente pasivo, sino soporte activo de una gran cantidad de estructuras que atienden a una visión holística e integral del desarrollo urbano.

Finalmente propone que tanto el derecho a la ciudad como el establecimiento de un sistema compensatorio a las limitaciones de la propiedad privada, en caso de considerarse viables para su inserción en el texto constitucional y ley ordinaria, no solo modificarían el sistema jurídico aplicable, sino que darían lugar a un profundo cambio jurídico que traería como consecuencia la necesaria reflexión sobre el papel del Estado en la conducción de la política urbana, y sería asociado a los nuevos derechos ciudadanos y los correlativos deberes, a efecto de modificar la inercia del desarrollo de las ciudades en el futuro. El Dr. Daniel Martí Capitanachi no solamente ha escrito un libro que, a mi juicio, es el mejor tributo que puede rendir a la memoria de su padre. Ha logrado materializar un texto universitario de gran relevancia didáctica y, en el proceso de hacerlo, se ha sumado a un número selecto de catedráticos universitarios de esta institución quienes, con la generosidad y disciplina de poner a disposición pública sus conocimientos y experiencias, han logrado contagiar a sus colegas y discípulos del placer de escribir.

José Antonio Marina, filósofo y educador español, nos dice en su obra “La magia de escribir” lo siguiente: … La ‘competencia expresiva’ es fundamental para la vida de unos seres penetrados de lenguaje, como somos los humanos. Es la que produce la elocución adecuada para la situación en que estemos. Expresión privada o pública, comunicativa o íntima, racional o afectiva. Enseñar el lenguaje es enseñar a usar el lenguaje, o sea, la inteligencia. … Escribir es expresar pensamientos y emociones, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia al discurso y a la acción y adoptar decisiones. Por la relevancia del contenido temático de su libro y por su impacto en el dominio de las competencias señaladas por Marina, a nombre de esta comunidad universitaria reconozco y agradezco esta contribución del Dr. Daniel Martí Capitanachi a favor de la concreción del espíritu universitario que a todos nos debe motivar.
FIN